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Borrar datos de un Boletín Oficial


¿Quiere usted conocer quién está incluido en un expediente administrativo de "dependencia"? Eso y más. En base a ciertos Boletines, podría relatarle listas de personas que fallecieron (pues se expresa), esperando el reconocimiento de dependencia. Podría detallar, por ejemplo, expedientes de protección de menores y tutela. ¿Es normal? Creemos que no.

En relación a la publicación de datos personales en los Boletines Oficiales, hace tiempo nos dirigimos al Defensor del Pueblo con el fin de solicitar su intervención en relación a situaciones que entendíamos graves.

Expusimos las siguientes circunstancias:

De un total de 19 Boletines Autonómicos, 15 de ellos no hacían referencia a los derechos de “acceso, cancelación, rectificación y oposición”, regulados en la LOPD.

Actualmente se realizan publicaciones sensibles: ayudas del fondo social de hace casi 20 años...indultos en los que se describe el delito, citaciones de testigos (incluso por abusos), procedimientos de subasta en los que se identifica el delito del que proviene la subasta, incautación de sustancias, hacer necesidades en la vía pública (sic), expedientes disciplinarios..etc

Debería valorarse la posibilidad de crear normativa específica de ámbito estatal y autonómico, al modo en que, ejemplarmente, sí regula la Comunidad de Madrid (realizamos propuestas específicas e indicamos que, desde 2008, la AEPD había anunciado una Instrucción para regular las publicaciones).

Deberían adoptarse medidas de protección –incluso de oficio- en las que se valore el borrado, el bloqueo de los datos y a desindexación de los buscadores Web.

Después de tres meses recibimos la respuesta del Defensor del Pueblo.

El ella se indicaba que debíamos comunicar los hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)....

Sin menospreciar a la AEPD, respondimos y comunicamos al Defensor del Pueblo, que la AEPD no era exclusivamente competente para conocer o tramitar todos los asuntos que se habían puesto en conocimiento del Defensor. Por otra parte, dada la naturaleza de algunos anuncios que se habían comunicado al Defensor, si alguien podía hacerle llegar la propuesta a la AEPD era el Defensor, y no un ciudadano ajeno a los datos (que únicamente se servía de la posibilidad de hacérselos llegar al Defensor los expedientes, evitando que alguien pudiese discrepar de la fórmula utilizada...).

Comentamos al Defensor que existen Boletines como el de la Comunidad de Madrid, Cataluña o País Vasco cuya competencia no le corresponde a la AEPD, sino a Agencias autonómicas.

Trasladamos al Defensor la opinión de que, si bien compete a la AEPD la salvaguarda de los datos de carácter personal, es FUNDAMENTAL ENTENDER que dicha salvaguarda NO ES EXCLUSIVA NI SE EXTIENDE A LAS VULNERACIONES QUE SE PRODUZCAN RESPECTO A OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES (honor e intimidad), por lo que no se entiende que se recomiende que la AEPD deba valorar esta reclamación, cuando precisamente la reclamación se extiende más allá del objeto competencial de la AEPD.

Instamos al Defensor del Pueblo a promover las actuaciones necesarias para la elaboración de normativa adecuada en el ámbito legislativo, toda vez que el mismo Defensor es consciente de la indefensión existente pese a la normativa actual y que a la AEPD no es competente más que en la materia de protección de datos, pudiendo existir vulneraciones (pej. respecto al honor, que escapan de su objeto) –y que se han expuesto

Expusimos que era el Defensor quien debía requerir a la AEPD una nueva regulación, cuando la AEPD había anunciado la nueva regulación desde 2008.

Manifestamos nuestra extrañeza al Defensor pues el mismo no había seguido la vía que dispone el artículo 13 de su Ley. Y citamos dicho artículo: “Cuando el Defensor del Pueblo reciba quejas referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia, deberá dirigirlas al Ministro Fiscal para que este investigue su realidad y adopte las medidas oportunas con arreglo a la Ley, o bien de traslado de las mismas al Consejo General del Poder Judicial, según el tipo de reclamación de que se trate; todo ello sin perjuicio de la referencia que en su informe general a las Cortes Generales pueda hacer al tema.”

¿Cuál fue la respuesta del defensor?

Seguir recomendando que nos dirigiésemos a la AEPD.

Sólo posteriormente, y como nota positiva, en su informe anual el Defensor requirió a la AEPD que le remitiese la Instrucción sobre los Boletines Oficiales.


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