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Grabaciones entre #policías y ciudadanos


Recientemente, la Web de Intereconomía anunció “Los Mossos nos grabarán con cámaras por seguridad”.

A pesar de las declaraciones, desde Salirdeinternet.com afirmamos que para que "la policía" tome imágenes de los ciudadanos y las conserve, existen múltiples inconvenientes (y pueden generar un bloqueo si los ciudadanos toman conciencia).

Es el ciudadano es el que sí tiene muchas posibilidades para grabar policías y la Ley se lo permite.

Policías

La policía deberá tramitar la inscripción de un fichero, ante la Agencia de Protección de Datos, que exigirá la publicación en el Boletín Oficial. El fichero, como veremos, es esencial para que el ciudadano esté perfectamente informado y ejercite sus derechos.

La policía debe* permitir a cualquier ciudadano (interesado) el acceso a los videos de manera gratuita. ¿Qué puede ocurrir en los casos en los que se solicite el acceso por una persona? poco: se le contestará denegándolo* o admitiéndolo. Pero ¿Qué puede ocurrir con 1.000 personas? es inimaginable pensar que la policía conteste todas las solicitudes, pero por Ley debe hacerlo. caso real en el que un ciudadano se dirigió 23 veces a los agentes).


Una vez tomados los videos por la policía, ésta únicamente podrá conservarlos cuando resulte necesario “para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales” (art. 22 LOPD), conservándolos con especiales medidas de seguridad.

Cuando las grabaciones puedan contener datos sensibles, como los relativos a ideología, o creencias políticas, sólo podrán conservarse cuando exista una investigación concreta. Entendemos que este motivo resulta esencial en nuestro tiempo (manifestaciones #nolesvotes …), que es “muy delicado” como se ha visto en otros supuestos, y que es fundamental a efectos de lo dispuesto en el siguiente párrafo.

En todos los supuestos, la policía debería* atender la solicitud de cancelación de alguien grabado que no participó en hechos controvertidos o no esté incluido en una investigación concreta o, en todo caso, cuando concluya la investigación de la policía, exista una resolución judicial firme o prescriba la responsabilidad de las personas grabadas, o las imágenes no sean necesarias para las averiguaciones que motivaron su recogida.

*Si bien la policía podrá limitar la cancelación o el acceso a los videos cuando existan causas justificadas de defensa del Estado o la seguridad pública, la protección de terceros o las necesidades de las investigaciones, lo cierto es que la Policía deberá contestar al ciudadano. Es muy fácil imaginar que se niega el derecho de cancelación a 1.000 personas, pero .. se les contestaría a todos? por Ley debe hacerse.

Particulares

La realización de fotografías por los ciudadanos a los agentes policiales no constituye infracción de la normativa de protección de datos cuando los agentes estén realizando un ejercicio público de sus funciones

De existir una vulneración, estaría enmarcada en el ámbito del derecho al honor, intimidad y propia imagen, que son cuestiones que no competen a la protección de datos, y que serán objeto de un próximo artículo.

Como ejemplo, en el expediente E/00393/2004, la Agencia Española de Protección de Datos, valoró un caso en el que en una Web se habían incluido dos fotografías de un inspector de policía, sus datos personales y los de su esposa, así como una frase que cuestionaba su proceder profesional, del siguiente modo “EJEMPLO DE EDUCACIÓN Y CIVISMO DE ALGUIEN QUE POR EL PUESTO QUE OCUPA DEBERÍA CONOCER LA EDUCACIÓN…”

La Agencia Española de Protección de Datos entendió que la reproducción en una Web de las fotografías y de los datos del inspector de policía no constituía infracción de la LOPD, al considerar que: “(…) la difusión del nombre y apellidos, cargo, estado civil y fotografía del denunciante obtenida en un lugar público (datos cuya objetividad no ha sido rebatida por el denunciante), estaría amparada en el artículo 20 de la Constitución, siendo aplicable la teoría de la posición preferente del derecho a la libertad de expresión. Asimismo, a la vista del contenido del citado artículo 8 de la Ley Orgánica 1/1982, dicha información no puede considerarse una intromisión legítima en el derecho a la propia imagen dado que la fotografía publicada se refiere a un funcionario público y se ha obtenido en un acto público. No obstante, la AEPD no es órgano competente para resolver la prevalencia de un derecho constitucional, o determinar si se ha vulnerado la mencionada Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, al ser cuestiones que, en su caso, deberían plantearse ante la instancia jurisdiccional competente en la materia.”

Las conclusiones son fundamentales.

Mientras que un ciudadano no podrá ser multado en materia de LOPD, sí podría declararse la infracción por las actuaciones que realice la policía en contra de lo dispuesto en la LOPD (art.46.1), e incluso proponerse acciones disciplinarias (art.46.2), (aún no siendo un caso semejante, recomendamos la lectura de la siguiente Resolución) .



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