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LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE GOOGLE SPAIN, S.L. A DEBATE


Comenzando con la frase “Derecho al olvido digital”, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acaba de hacer pública su Sentencia de 5 de abril de 2016. La resolución del alto Tribunal confirma la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en la que se condenó a Google Spain, S.L., a pagar 8.000 € a una persona, por haber mostrado su indulto en el buscador. El Tribunal Supremo ha considerado que Google Spain, S.L. participa de la condición de responsable del tratamiento del motor de búsqueda, y da por bueno que puedan presentarse civilmente reclamaciones contra dicha entidad, en vez de dirigirse frente a la matriz de EEUU, Google Inc.

La Sentencia ha generado cierta controversia en redes sociales y medios de comunicación, al afirmarse que el criterio de la Sala Civil era opuesto al recientemente expresado por la Sala Contencioso Administrativa del mismo Tribunal Supremo (que ha venido considerando en varias Sentencias responsable del motor de búsqueda a Google Inc, de EEUU, y no a la filial española Google Spain, S.L.). También se ha afirmado que el criterio de la Sala Civil, se enfrentaba a los criterios de varias Audiencias Provinciales en las que se ha venido admitiendo la falta de legitimación pasiva de Google Spain, S.L. (casos de las Audiencias Provinciales de Tarragona y Madrid) .

Advirtiendo que todo parece apuntar a que la última palabra en este asunto la tendrá el Tribunal Constitucional (dado el gusto generalizado de Google por los peregrinajes judiciales), merece desatacar en este artículo las consideraciones que han llevado a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo al pronunciamiento tan desfavorable para Google, por los que se considera a su filial participe del tratamiento, responsable y obligada al pago de una indemnización.

Señala en primer lugar el Tribunal Supremo que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13.05.2014 (STJUE caso Google), ya indicaba en su fundamentación sobre la legitimación de Google Spain, S.L., que existía una interdependencia entre la actividad de publicidad de la filial española y la del motor de búsqueda de Google Inc. Es decir, ambas actividades están íntimamente ligadas, ya que los recursos económicos que sustentan el buscador proceden de la actividad de promoción y publicidad que efectúa Google Spain, S.L.

Indica el Tribunal Supremo, que Google Inc. designó en su día a Google Spain, S.L. como responsable del tratamiento en España de dos ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos. También Google Spain, S.L. atendió en varias ocasiones los requerimientos de cancelación de datos, e igualmente aceptó su legitimación pasiva en diversos procedimientos judiciales relativos al buscador.

Se señala en la Sentencia que el concepto de “responsable del tratamiento” contemplado en la Directiva Europea de Protección de las Personas Físicas en relación con el tratamiento de datos Personales debe interpretarse en un sentido amplio, lo que incluiría a la filial española.

De forma relevante, el Tribunal Supremo reseña que no puede concebirse una aplicación extensiva de los derechos fundamentales si no existe facilidad para su ejercicio judicial de los mismos.

Respecto a los criterios dispares entre la Sala de lo Civil y la Sala de lo Contencioso Administrativo, cabe apuntar que ambas Salas analizan la cuestión desde distintos puntos de vista, por lo que no es infrecuente que sobre una misma materia existan resoluciones judiciales aparentemente contradictorias, pero que en realidad no lo son, pues se aplican a esferas distintas. En este caso, la Sala de lo Contencioso Administrativo resolvió una Resolución dictada por la Administración (AEPD), mientras que en el proceso Civil se ha ventilado la protección de Derechos Fundamentales (honor, intimidad, y protección frente al tratamiento automatizado de datos personales), no por el incumplimiento de la Resolución de la AEPD (que se ha anulado), sino por no atender a la reclamación que hizo el particular en su momento.

La Sentencia, que en diez veces alude al concepto “Derecho al olvido”, es del Pleno y por lo tanto crea Jurisprudencia, siendo vinculante para todos los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción Civil, abriendo una oportunidad a multitud de afectados, que quieran responsabilizar a Google de la aparición de sus datos en la red.



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