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EL TRIBUNAL SUPREMO CONDENA A LA XUNTA POR PUBLICAR LOS NOMBRES DE 658 DISCAPACITADOS


Los hechos objeto de una reciente sentencia se remontan al año 2006. Los datos eran accesibles desde Google, lo que facilitaba la difusión de la información

“Existían medidas técnicas de protección de los datos de los ficheros, que hacían más difícil ese acceso indiscriminado, que no se adoptaron”, afirma el Tribunal Supremo


En el año 2006 una persona comprobó que al buscar su nombre y apellidos en Google, el buscador mostraba la web de la Xunta de Galicia, que estaba publicando en su web una relación de 658 ayudas a discapacitados del Fondo de Acción Social.

En el año 2009, la Agencia Española de Protección de Datos consideró que los hechos cometidos por la Xunta constituían una infracción muy grave del deber de secreto de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, informó de la infracción al Defensor del Pueblo y acordó requerir a la Consellería de Presidencia, Administración e Xustiza de la Xunta, para que adoptara las medidas de orden interno que impidiesen que en el futuro pudiera producirse una nueva infracción de la LOPD.

La Xunta recurrió la decisión de la AEPD, y en un primer momento la Audiencia Nacional dio la razón a la Xunta. No obstante, ahora el Tribunal Supremo ha confirmado en una reciente Sentencia que decisión de la Agencia Española de Protección de Datos era correcta. El alto tribunal ha tenido en cuenta que se estaban publicando innecesariamente los datos de los discapacitados, en vez de limitarse a publicar los datos de los solicitantes de la subvención (que podrían ser, por ejemplo, los familiares de los discapacitados).

Para el Tribunal Supremo, ni la Ley de Subvenciones ni las Leyes Autonómicas prevén que se deba publicar “la identidad de las personas discapacitadas causantes de la subvención, sino más bien al contrario, incorporan una previsión expresa sobre la necesidad de preservar de publicidad determinados datos”.

De poco le ha valido a la Xunta de Galicia el hecho de que cuando los datos se publicaban en Google, ya no aparecían en la web de la Xunta. El Tribunal Supremo ha considerado que previamente se habían publicado en la web de la Xunta, por mucho que se desconozca por qué razón técnica los datos permanecían accesibles en Google a pesar de que no se viesen en la web de la Xunta.

Si bien hoy en día una infracción similar le podría haber costado 600.000€ a una empresa, en este caso no habrá sanción económica, dado que estamos ante una Administración Pública. Si se sancionase a la Xunta quien lo pagaría al final sería el propio contribuyente, que no tiene culpa alguna del desconocimiento de la Ley en la Administración. En este caso la Xunta podría haberle pedido a Google que eliminara la información, pero no lo hizo.



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